El Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India en colaboración con el Ministerio del Interior, han puesto en marcha una iniciativa ciudadana basada en la colaboración de los usuarios para luchar contra el CiberCrimen.
Todo ciudadano indio que lo desee puede inscribirse como voluntario para contribuir a identificar la circulación de «contenido digital ilegal» y deshabilitarlo para su acceso. En su web nos hablan de un acuerdo de colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para darle «la oportunidad de ser ojos y oídos de la policía» y actuar como un nodo o intermediario en la lucha contra el ciberdelito.
A pesar de los aspectos positivos de la propuesta, desde The Wire, nos advierten de los posibles problemas potenciales, derivados de esta iniciativa, en el ámbito de la vigilancia.
En opinión de los expertos en delitos cibernéticos y analizando la medida en un contexto sociopolítico más amplio, de cómo el Centro podría actuar respecto a movimientos de protesta impulsados en redes sociales.
Dentro de ese, denominado, «contenido ilegal» que se busca identificar se incluye cualquier contenido que atente contra la soberanía e integridad de la India, defensa de la India, seguridad del Estado, orden público, armonía comunitaria y abuso sexual infantil.
Es, precisamente en la categorías relacionadas con la soberanía y la integridad de estado, en las que puede haber un conflicto vinculado con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
Si bien se espera que la iniciativa se implemente en toda la India, las autoridades policiales de Tripura y Jammu y Cachemira ya han comenzado a probar el programa y, según señala The Wire, la prensa ha hecho circular informes solicitando a los voluntarios que informen sobre contenido relacionado, entre otras cosas, con la «radicalización» y las «actividades antinacionales».
Estos términos son imprecisos y pueden interpretarse en contra de los ciudadanos que sólo son críticos con el partido gobernante.
Según los expertos consultados, el programa también otorga demasiado poder a un voluntario anónimo, que actúa sin apenas supervisión.
Cualquier ciudadano puede registrarse en una de las tres categorías propuestas y tras registrarte previamente, informar de un posible “contenido ilegal” a través de Internet, que presumiblemente incluye plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, entre otras.
