Ranking Digital Rights: ¿respetan las empresas nuestros derechos digitales?

Proteger la privacidad de nuestras comunicaciones se ha convertido en un tema de vital importancia tras revelaciones como las de Snowden, (@Snowden), actual director de .  En menos de un mes han surgido dos destacadas iniciativas que nos hablan de la necesidad de exigir responsabilidades a las grandes compañías tecnológicas en materia de libertad de prensa.

Recientemente os hablabamos de OnlineCensorship, (@censored), cuyo objetivo es establecer un organismo para que las empresas de Internet rindan cuentas públicamente por “la forma en la que ejercen su poder sobre la vida digital de las personas”. En esta misma dirección se pone en marcha Ranking Digital Rights,  (@rankingrights), cuya directora es la escritora y activista Rebecca MacKinnon, (@rmack), autora de: Consent of the Networked: The Worldwide Struggle For Internet Freedom (2012), (un trabajo del que os hemos hablado),  y cofundadora de la plataforma amiga Global Voices Online.

Ambos proyectos tratan de proteger e informar sobre la libertad de información en la red, ofreciendo datos contrastados que puedan ser utilizados para garantizar que las empresas sigan las mejores prácticas para difundir contenidos y proteger la privacidad de nuestras comunicaciones y datos. La idea de crear esta organización surgió de comprobar la creciente influencia que Internet y el mundo de las telecomunicaciones ejercen en la vida política y cotidiana de los ciudadanos en todo el mundo. Esta organización quiere poner de manifiesto la necesidad de preservar los derechos de los usuarios frente a los grandes gigantes tecnológicos y “ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas para así asegurar que estos datos están protegidos”.

Desde The Guardian Rebecca MacKinnon señala el gran giro que supone que estas empresas puedan demostrar que los derechos de los usuarios son importantes para ellas porque, no tenemos realmente conocimiento de qué firmamos cuando aceptamos un acuerdo de condiciones con Google, Microsoft o Yahoo.

La letra pequeña de estos acuerdos puede ser fundamental para personas en países con regímenes represivos, en donde pueden acabar torturados o encarcelados por su actividad en una red social como Facebook o Twitter.

manosEste proyecto, trata de redefinir las fronteras de los contratos de las empresas públicas en Internet y tratar de averiguar, como señalan desde The Guardian:

¿Qué sucede legalmente cuando publicamos información a través de Facebook? O Gmail? O Twitter? O Tumblr? Los gobiernos de todo el mundo están creando canales secretos a través de los cuales estas empresas pueden compartir su información –  La Cybersecurity Information Sharing Act (Cisa) (Ley de Intercambio de Información de Seguridad Cibernética de los EE.UU.) es sólo el más reciente – y comparten datos entre sí y con los anunciantes.

El objetivo de MacKinnon es conseguir gestionar un marco legal que proteja a los usuarios a través de una declaración universal de derechos digitales que establezca obligaciones legales que impiden a las empresas de tecnología revelar información vital. Este tipo de cuestiones es cada vez más necesaria, especialmente en un contexto social de gran crispación tras los atentados de París. Recientemente y una vez más en aras de la seguridad,  el Reino Unido volvía a despertar la polémica al anunciar su decisión de aumentar su poder de vigilancia en la Red, a través de un acuerdo que incluye una serie de medidas consideradas vitales por los ministros, entre las que se incluye “el derecho a identificar qué páginas web visita la gente”. El propio Snowden paricipaba en un debate con otros expertos en el Guardian y señalaba sobre la medida que lo único que busca es conseguir una cobertura legal para legitimar el espionaje y evitar así “problemas judiciales, no salvar vidas”.

Son este tipo de acuerdos que se firman practicamente a espaldas de la ciudadanía, los que justifican la creación de una organización como esta. Como destaca MacKinnon:

En Alemania, la negación del Holocausto es ilegal; en Turquía la difamación de Ataturk es ilegal. Pero la ley a menudo lo hace difícil.
A menudo, de hecho, las revelaciones y avisos y acuerdos tienden a ocultar lo poco que sabemos acerca de dónde y cómo es utilizada nuestra información por las redes sociales, correo electrónico y proveedores de Internet.

En la actualidad ya podemos ver su Índice de Responsabilidad Corporativa 2015, en el que realizan una clasificación de las 16 empresas de Internet y de telecomunicaciones más poderosas del mundo en sus compromisos públicos relacionados con la divulgación de políticas que afectan a la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.

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Si quieres saber más sobre la directora de esta plataforma te recordamos que en PC os hemos hablado también de su Estudio sobre la censura china en internet y la hemos entrevistado personalmente en el ETech 2009  (O’Reilly Emerging Technology Conference).

Imagen Portada: Pedro en Flickr bajo licencia CC