De acuerdo con los datos arrojados por el barómetro sobre libertad de prensa, incluidos en el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras 2012, España mejora su clasificación en tres puestos (pasa a ocupar la posición 36), superando incluso a la vecina Francia. Nuestro país cuenta con una serie de problemas específicos que lo mantienen lejos de los primeros lugares.
El terrorismo de ETA, considerado el mayor depredador de la libertad de información en España, todavía obliga a que algunos periodistas tengan que vivir con escoltas por las amenazas de muerte recibidas.
Además, desde el pasado 2012 vienen sucediéndose unas serie de hechos que suponen un retroceso de estas libertades.
Uno de ellos fue la reforma llevada a cabo por el gobierno para elegir más cómodamente al nuevo presidente de RTVE tras la dimisión de Alberto Oliar. En abril de 2012, el partido en el gobierno decidió modificar por Real Decreto la ley de 2006 que exigía que la elección se produjera por mayoría de dos tercios y, en consecuencia, mediante consenso con el partido de la oposición. La nueva reforma permitió prescindir de este acuerdo y que fuese suficiente la mayoría absoluta, que ya había sido conseguida previamente.
Otro fue el cese de periodistas de informativos de TVE durante el cambio de gobierno y su sustitución por otros más afines al nuevo partido en el poder. No hay que olvidar que este hecho suscitó una gran polémica, que impulsó al Consejo de Informativos a defender la puesta en marcha de un proyecto en el que se intentase asegurar el desarrollo de la «carrera profesional» de los periodistas, así como el establecimiento de unos criterios de elección de los representantes de TVE basados en la trayectoria y logros profesionales y no en la ideología.
No hay que obviar tampoco los numerosos casos que se están dando de ruedas de prensa, protagonizadas por nuestros políticos, en las que no se permite hacer preguntas. Sin ir más lejos, la convocada por Ana Mato el pasado martes 5 en unas jornadas de la ONU, en previsión a los comprometidos temas que pudiesen salir en relación con su implicación en el caso Gürtel. En esta ocasión, los periodistas decidieron responder no cubriendo esta comparecencia, tal como algunos de ellos manifestaban en sus cuentas de Twitter: «Sin preguntas, no hay periodistas».
Sin embargo, el principal motivo que hace que España se sitúe a la cola de otros países europeos en cuanto a respeto de la libertad de prensa es la ausencia de una ley de transparencia y de acceso a la información. Su presencia, por el contrario, evitaría gran parte de los casos de corrupción. Conscientes de esta situación, el actual gobierno de Mariano Rajoy sometió en 2012 a consulta pública el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Desde el gobierno se recalcó la importancia de algunos de sus puntos tratados: la obligación de todos los poderes del Estado y la Administración Pública de responder a cualquier petición y la inclusión de penas de prisión (junto a una reforma de la normativa electoral) para sancionar a los infractores.
No obstante, esta ley ha sido muy criticada por la ausencia de cuestiones importantes que ya eran tratadas por leyes similares de otros países europeos. La Coalición pro Acceso, compuesta por un conjunto de 50 organizaciones que tratan de conseguir una Ley de Acceso a la Información en España, declaró en 2012 una serie de consideraciones que no se habían tenido en cuenta. Entre ellas: la necesidad de que el derecho a la información sea considerado como fundamental y, por tanto, incluido en el artículo 20 de la Constitución; mayor campo de aplicación, pues quedaban excluidos sindicatos, partidos políticos y Casa Real; así como la necesidad de publicar patrimonios y auditorias que avalen las cuentas. Pese a que el texto fue aprobado finalmente el 27 de julio de ese mismo año, se encuentra a día de hoy en manos de una comisión del Congreso que sigue discutiendo posibles cambios.
La noticia supone un respiro para un informe calificado por la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, Malén Aznárez, como «el peor de los últimos diecisiete años». Además, esta relativa mejoría dentro de la prensa nacional se ve alentada por los últimos resultados arrojados por el Trustbarometer 2013, elaborado por la agencia de comunicación Edelman a principios de este año.
De acuerdo con este barómetro, la confianza de los españoles en los medios de comunicación habría aumentado casi en un 4% con respecto al año anterior, englobando un 50% de los encuestados. Los datos sitúan a los medios tradicionales como líderes de esta confianza, seguidos por los «buscadores», las Redes Sociales y los medios corporativos. El jefe ejecutivo de Edelman España atribuye esta mejoría a la existencia de medios alternativos dentro de Internet. No obstante, seguimos estando siete puntos por debajo de la media europea, aunque por encima de otros países como Reino Unido o Suecia, donde más de la mitad de la población se muestra desconfiada.
Por el contario, el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente a febrero de este mismo año, aporta unos datos que ponen en entredicho esta supuesta confianza del ciudadano en la prensa. Tal como recoge, los periodistas son los profesionales menos valorados; en especial por hombres, y de edades comprendidas entre los 44 y los 56 años. Obtienen una puntuación de 59,09 sobre un máximo de 100, y se encuentran a una distancia de más de 20 puntos de los más valorados, los médicos.
En general, podemos afirmar que en algunos aspectos nuestra prensa mejora levemente pero con serias deficiencias que deben resolverse cuanto antes. Pese a lo benévolos que pueden resultar algunos de estos datos, no debemos olvidar que el informe de RSF sitúa países como Namibia o Ghana en mejores lugares que España en cuanto a respeto y efectividad de la libertad de prensa. De ahí el requisito de que la citada ley de transparencia tenga en cuenta la necesidad de confianza que tiene la sociedad en sus gobiernos y en los propios medios de comunicación. Solo de esta manera se conseguirá una sociedad «limpia», clara y que valore la información.
