La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha supuesto un duro golpe para gran parte de la sociedad que salía a la calle a reclamar sus derechos. Con esta nueva medida el Gobierno ataca de lleno los derechos fundamentales de reunión y manifestación recogidos en la Constitución Española, donde se comprueba que “en relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes”. Ahora, manifestarse no será tan sencillo y podrá acarrear multas elevadas, ya que la ambigüedad de “razones fundadas de alteración de orden público” permite un amplio margen de maniobra para el Gobierno.
No obstante, desde el Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz sostiene que de este modo se garantiza “más y mejor, jurídicamente, el derecho de manifestación”, y asegura que las críticas que consideran que la nueva norma busca limitar las protestas ciudadanas son “lecturas erróneas que no se corresponden en absoluto con la realidad”.
Lo cierto es que la Ley de Seguridad Ciudadana es una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica. Ante la profunda crisis socioeconómica, frente a los escándalos de corrupción política y a las estafas de bancos y grandes empresas, la sociedad española se ha levantado para aunar fuerzas e intentar frenar las injusticias que día a día se suceden. Pero ahora, con la conocida como Ley Mordaza, estos esfuerzos pueden ser en vano.
¿Qué no podremos hacer con la Ley Mordaza?
Para empezar, acampar en Sol o un nuevo 15-M, imposible. Además, no podremos acompañar a ninguna víctima de desahucio para intentar frenar el desalojo, ya que supondría un obstáculo para los funcionarios públicos. Tampoco se podrán grabar actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en redes sociales, por lo que se acabaron las denuncias ante los ataques injustificados de los mismos en diversas manifestaciones. Es más, los agentes podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, o lo que es lo mismo, incautar cámaras de vídeo o de fotos si lo consideran oportuno.
Así se expresa el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que IU cuestionaba al Gobierno por las directrices «para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos» (diario.es).
Ello supone un ataque directo a la libertad de prensa, ya que se priva de informar lo que verdaderamente está sucediendo; nadie es quien para quitarle sus fotos a un fotógrafo o borrarle sus datos a un periodista. Y quien dice un periodista profesional, dice otro ciudadano.
Así, todas aquellas fotos tomadas por cualquier ciudadano o profesional para denunciar la mala praxis de los cuerpos de seguridad podrán ser sancionadas con una multa que podría alcanzar los 600.000€, medida que ha revolucionado las redes sociales con hashtags como #LeyAnti15M, ya que convierte a los periodistas en criminales. Ni casos de corrupción tienen la misma sanción.
Decimos también adiós a pancartas y banderas en edificios, así como a tenderetes para recoger firmas (siempre nos quedará Internet, nuestro amado Internet, con propuestas como la de NO a la Ley Mordaza). Además, se acabó manifestarse frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, incluso cuando no estén reunidos. Un conjunto de prohibiciones que, de no cumplirse, pueden acarrear multas desde los 100€ si son leves, o alcanzar los 600.000€ en infracciones muy graves.
Cabe plantearse entonces cómo afecta esto al periodismo ciudadano. ¿Cómo se podrán grabar imágenes y vídeos desde lo más profundo de una manifestación si esta no puede celebrarse? ¿O cómo podremos ejercer la libertad de expresión si nos impiden manifestar nuestros pensamientos a golpe de multas? Las sanciones económicas complicarán la labor ciudadana como arma de control social, ya que muchos se replantearán si verdaderamente merece la pena arriesgarse por mostrar la realidad.
Será complicado con una mordaza en la boca. No obstante, los periodistas ciudadanos seguirán inundando redacciones y facilitando el trabajo de muchos profesionales con sus pequeñas aportaciones.
Fotografías: Portada Félix Bernet en Flickr (felixbernet.com) / Interior: Jordi Boixareu en Flickr (jobopa.com)
