La muerte del joven Michael Brown a manos de un agente de policía en Ferguson, un suburbio de la ciudad de San Luis, Misouri, se convirtió en una nueva prueba del valor del periodismo ciudadano como herramienta de denuncia social.
Desde el asesinato de Michael Brown, hace casi dos años, los ciudadanos han seguido utilizando sus dispositivos móviles para denunciar la violencia policial, ofreciendo testimonios imprescindibles para clarificar este tipo de muertes. Al fallecimiento de Brown se suman las muertes de Philando Castile, un joven afroamericano de 32 años de Falcon Heights (Minnesota), que fallecía a consecuencia de los disparos efectuados por un agente de policía que lo había detenido porque, según señala en un impactante vídeo su novia, su vehículo tenía un faro trasero roto y de Alton Sterling, un hombre de 37 años que vendía CDs delante de un supermercado en Baton Rouge, Luisiana, a manos de dos agentes que le dispararon cuando ya había sido reducido.
Desde PEN America, (@PENamerican), una organización destinada a proteger la libre expresión y los derechos humanos en los Estados Unidos y en todo el mundo, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para proteger a estos periodistas ciudadanos cuyos testimonios están sirviendo para luchar contra la violencia policial.
La campaña puesta en marcha por la PEN afirma:
La Primera Enmienda protege a todas las personas de ser castigadas por la grabación o difusión de información relacionada con la mala conducta del gobierno.
De ahí que soliciten al Departamento de Justicia de EE.UU. que investiguen «esta preocupante tendencia de represión policial contra periodistas ciudadanos y haga cumplir sus políticas sobre los derechos de la Primera Enmienda.»
Por el momento parece que van por buen camino porque ya han logrado 8.892 firmas y el objetivo es llegar a las 10.000. Entre los miembros de la PEN y defensores de esta campaña se encuentran expertos en el mundo de la tecnología y la participación ciudadana como Dan Gillmor, @dangillmor:
The fine @penamerican protests police retaliation against citizen journalism. I’m a member of PEN and I signed. https://t.co/dgSWHjT8ir
— Dan Gillmor (@dangillmor) 15 de septiembre de 2016
Ya durante los disturbios de Ferguson os hablamos de cómo Gillmor defendía en un medio tan destacado como The Guardian, no solo la necesidad de colaboración entre periodistas profesionales y ciudadanos a la hora de documentar este tipo de incidentes, sino también el incuestionable valor de las fotos y vídeos enviados por la ciudadanía a través de las redes sociales.
Por su parte el también periodista y experto en tecnología y nuevos medios, Mathew Ingram, (@mathewi), destaca especialmente, desde GigaOm, el valor del contenido ciudadano difundido a través de las redes sociales, como herramienta de “control sobre el poder administrativo”:
revela los abusos contra la Primera Enmienda como el desmantelamiento de las cámaras y otros equipos utilizados por los medios de comunicación, o la detención de personas por la grabación de las actividades de la policía, que como mi colega Jeff Roberts señala es ilegal, a pesar de lo que las fuerzas policiales en todo el país parecen creer (o quieren creer).
Con esta campaña tratan de proteger el derecho de todo ciudadano de EE.UU. de grabar las actuaciones policiales para poder ofrecer pruebas sobre hechos violentos o ilegales.
En nuestro país la situación es todavía peor ya que tras la aprobació de la Ley Mordaza, bautizada así por la ciudadanía a pesar de ser oficialmente la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, está dificultando no solo la actuación de los periodistas ciudadanos sino tambien la de los periodistas profesionales tal y como denunciaba en entrevista con PC Virginia Pérez Alonso, (@Virginiapalonso), Presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, (@PDLI_) y actualmente y miembro de la junta ejecutiva del IPI (@globalfreemedia). Pérez Alonso nos hablaba de algunos casos especialmente significativos:
el periodista Jaime Alekos, (@JaimeAlekos), era detenido mientras hacía su trabajo y luego acusado de desobediencia, resistencia y atentado a agentes de la autoridad, aunque desde el principio se identificó como periodista. O cómo la reportera Alicia Armesto (@alitwittt) recibía una citación judicial para declarar en un juicio de faltas tras publicar un material informativo sobre un desahucio, desobedeciendo la instrucción que le había dado un policía. Es intolerable que en un país que se precia de democrático se produzca este veto a la tarea de los informadores. Y las nuevas leyes abren la veda en este sentido.
Puedes conseguir más información sobre la Ley Mordaza, en nuestro país, aquí, o leer la campaña del PEN al completo aquí.
