El Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana Ciudadana previsto por el Gobierno sigue despertando polémica y protestas ciudadanas relacionadas con la represión que dicha ley implica respecto a la capacidad de protestar, manifestarse y expresarse libremente en un contexto social de grave crisis y corrupción política.
Organismos como Amnistía Internacional considera que:
los y las diputadas en el Congreso deben proteger el derecho de reunión, expresión e información y exigir cambios en el Proyecto de Ley.
Esta Organización de defensa de los derechos humanos ha publicado un vídeo mostrando la violencia policial que están sufriendo en nuestro país fotógrafos y ciudadanos que intentan documentar este tipo de agresiones. Estas grabaciones son una práctica habitual en el periodismo ciudadano. Esteban Beltrán, @_estebanbeltran, director de Amnistía Internacional España, destaca con preocupación la necesidad de proteger a los ciudadanos y modificar este ley:
Amnistía Internacional lleva años documentando abusos policiales por parte de la policía en las protestas. Si se aprueba este artículo 36.26, que sanciona el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el derecho de información como otros derechos humanos estarían peligrando.
Grabar este tipo de imágenes podría ser sancionado hasta con 30.000 euros de multa.
Entre las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía y a esta organización en particular se encuentra la imposición de sanciones consideradas como «muy graves», que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros, según el Ministerio del Interior, para » aquellos que hubieran convocado (manifestaciones) a través de Internet, o las redes sociales . Según destaca Amnistía:
El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes policiales en lugar de proteger la protesta.
Según destaca en este informe Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España:
Es realmente preocupante que los principales grupos parlamentarios no hayan contemplado una de las recomendaciones más importantes sobre el derecho de manifestación del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la de no sancionar las manifestaciones espontáneas ante un hecho que hace imposible la notificación previa.
El proyecto prevé que las manifestaciones no comunicadas y la intrusión en esos espacios se consideren infracciones muy graves o graves sancionadas con hasta 600.000 euros.
La organización ha enviado a todos los grupos un análisis del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con algunas recomendaciones, así como algunas enmiendas que amenazan los derechos humanos, dadas las graves consecuencias de seguir adelante con esta ley. Entre las posibles actividades que podrían ser penadas se encuentran las redes sociales. Convocar una protesta en Twitter ante el Congreso puede acarrear multas de 600.000 euros, tal y como destacaba Eldiario.es:
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana recogerá como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución del Estado si esta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, o si habiéndolo hecho, se prohíbe. Pero no sólo participar en la protesta será objeto de castigo: aquellos que la hubieran convocado a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía podrán ser también sancionados por haber cometido una infracción muy grave.
Entre otros aspectos, el PP quiere que las sedes de TVE y RNE se incluyan entre las instalaciones en las que se «prestan servicios básicos». El proyecto incluye las reuniones o manifestaciones no comunicadas en este tipo de espacios como infracciones muy graves y las intrusiones que supongan obstrucción en su funcionamiento como graves, un tema que ha provocado protestas entre los trabajadores de la entidad. Las primeras pueden conllevar sanciones de hasta 600.000 euros y las segundas, de hasta 30.000 euros.
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Interior: Jordi Boixareu en Flickr (jobopa.com)
