Esta semana se han cumplido cinco año de la puesta en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley mordaza». Reporteros sin Fronteras, (@RSF_ES), hace hincapié en cómo esta ley, que nació en represalia contra ciudadanos y periodistas tras las movilizaciones de 2011 y 2012, afecta especialmente a los fotógrafos que quieren documentar la violación de derechos fundamentales:
Esta situación afecta también a periodista ciudadanos, que con sus teléfonos móviles utilizan la fotografía y el vídeo como herramienta de denuncia.
Esta ley parece no sólo haberse instalado cómodamente en nuestro país sino que, según datos publicados por El País:
Interior impone en 75 días del estado de alarma cerca de 1,1 millones de multas, un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma.
En estos cinco años casos como el de la detención del fotógrafo Antonio Navia por negarse a borrar una foto mientras cubría la manifestación del primer aniversario del 15M se han hecho más comunes de lo habitual. Por todas estas cuestiones, 230 organizaciones sociales entre las que se encuentran como principales impulsoras: Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace, solicitan en un manifiesto la derogación de esta ley para «exigir una nueva legislación que garantice la defensa de lo derechos humanos» y se ajuste a los estándares internacionales.
Dicho manifiesto denuncia entre otras cuestiones, como:
Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso desde su aprobación
Si quieres saber más sobre el tema puedes consultar el Manifiesto ‘Basta de Mordazas’ firmado por 230 organizaciones sociales o consultar en nuestra web todo lo publicado en relación con el tema.
También te puede resultar útil echarle un vistazo a: Todas las ‘Leyes Mordaza’: “El activismo y el periodismo antes las ‘Leyes Mordaza’”, por Carlos Sánchez Almeida (director legal de la PDLI).
