Por Sophia Cope y Adam Schwartz
La Electronic Frontier Foundation (EFF) celebra el fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. que confirma que la Primera Enmienda protege a las personas cuando de manera secreta graban audios de agentes de policía en servicio. La EFF presentó un amicus curiae en el caso Martin v. Rollins, que fue interpuesto por la ACLU (Unión estadounidense por las libertades civiles) de Massachusetts en representación de dos activistas pro derechos civiles. Esta es una victoria para las personas dentro de la jurisdicción del Primer Circuito (Massachusetts, Maine, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island) que quieren grabar una interacción con agentes de policía sin exponerse a posibles represalias por hacerlo de manera visible.
La corte del Primer Circuito declaró inconstitucional la ley de Massachusetts contra las escuchas ilegales (o escuchas telefónicas) en lo referente a la prohibición de grabar audios en secreto de agentes de policía cuando cumplen sus deberes oficiales en público. La ley en general tipifica como delito grabar de manera secreta todas las conversaciones sin consentimiento, incluso cuando los participantes no tienen expectativas razonables de privacidad, lo que hace a la ley de Massachusetts única entre el resto de los estados.
La corte del Primer Circuito había sostenido previamente en Glik v. Cunniffe (2011) que el demandante conforme a la Primera Enmienda tenía derecho a grabar a los oficiales de policía mientras arrestaban a otro hombre en el parque Boston Common. Glik había usado su teléfono celular para grabar abiertamente el incidente tanto en audio como en vídeo. La corte había sostenido que la grabación de audio no violaba la prohibición de grabación secreta prevista en la ley anti-escuchas de Massachusetts porque el teléfono celular de Glik era visible para los oficiales.
Por lo tanto, luego de Glik, quedaba sin resolver si las personas tienen derecho según la Primera Enmienda a grabar en audio a los agentes de policía de manera secreta o si, en cambio, podrían ser sancionadas según la ley de Massachusetts por hacerlo. (Unos años después de Glik, en Gericke v. Begin (2014), la corte del Primer Circuito sostuvo que la querellante tenía el derecho conforme a la Primera Enmienda de grabar abiertamente a la policía mientras realizaba un control de tránsito a otra persona en la medida en que ella no interfiriera con la labor policial).
La corte del Primer Circuito en el caso Martin sostuvo que grabar a los agentes de policía en servicio, incluso de manera secreta, es una actividad protegida de recopilación de noticias similar a la de los periodistas profesionales que “sirve al mismo interés de fomentar la concientización del público acerca de la conducta de las fuerzas del orden, con toda la responsabilidad que promueve el suministro de dicha información”. El tribunal explicó además que la grabación “juega un papel fundamental en informar al público sobre la conducta policial, ya sea documentando su heroísmo, descartando las denuncias de mala conducta o dotando al público de la capacidad necesaria para hacerlos responsables de sus actos ilícitos”.
La capacidad de grabar en audio de manera secreta a los oficiales de policía en servicio es especialmente importante dado que muchos agentes toman represalias contra los civiles que los graban abiertamente, como sucedió en un caso reciente del Décimo Circuito. La corte del Primer Circuito estuvo de acuerdo con los querellantes del caso Martin en que la grabación secreta puede ser una «mejor herramienta» para recopilar información sobre los agentes de policía, porque es menos probable que se interrumpa a los agentes durante la grabación y, lo que es más importante, grabar en secreto puede ser la única forma de garantizar que la grabación «ocurra». El tribunal declaró que «la prueba indiscutible respalda la preocupación de los querellantes del caso Martin acerca de que grabar de manera abierta los pone en riesgo de sufrir daños físicos y represalias».
Por último, la corte no quedó convencida de que los intereses en materia de privacidad de los civiles que hablan con la policía o cerca de los oficiales se vean afectados por la grabación de manera secreta de audios de los agentes mientras están en servicio. El tribunal concluyó que «los intereses de privacidad de un individuo difícilmente están en su apogeo al hablar de manera audible en un espacio público donde un oficial de policía puede oírlo».
Dada la importancia fundamental de las grabaciones para la responsabilidad policial, el derecho consagrado en la Primera Enmienda de grabar a los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones oficiales ha sido reconocido por un número creciente de jurisdicciones federales. Además del Primer Circuito, los tribunales federales de apelación del Tercer, Quinto, Séptimo, Noveno y Undécimo Circuito han defendido directamente este derecho.
Lamentablemente, el Décimo Circuito evitó recientemente pronunciarse al respecto. Por todas las razones expuestas en la decisión del caso Martin del Primer Circuito, el Décimo Circuito cometió un error, y los circuitos restantes deben reconocer el derecho reconocido en la Primera Enmienda de grabar a los agentes de policía en servicio como ley del país.
Esta entrevista de Sophia Cope y Adam Schwartz, publicaba en Electronic Frontier Foundation, ha sido traducida por Juan Arellano, para Periodismo Ciudadano.
