Reporteros sin Fronteras vuelve a informar de la fuerte represión que están sufriendo periodistas profesionales y ciudadanos que han decidido criticar la gestión del gobierno durante la pandemia por coronavirus. Actualmente todavía se encuentran detenidos seis defensores chinos de la libertad de expresión.
A las detenciones de disidentes, activistas y periodistas ciudadanos hay que añadir los mas de 450 usuarios de Internet detenidos o castigados desde principios de año por compartir información crítica sobre el coronavirus. Según informa la ONG Chinese Human Rights Defenders, (@CHRDnet), la entrada en vigor el pasado uno de marzo de una regulación de Internet, aún más represiva, ha permitido a Beijing intensificar la vigilancia en redes sociales, calificando toda voz disidente de falso rumor.
Desde el New York Times señalan como «la policía de internet», como se la conoce en el país, ha ganado poder a medida que el Partido Comunista trabaja para obtener un mayor control sobre cualquier tipo de crítica contra su gestión vertida por los internautas en redes sociales. En PC os hablamos de la vigilancia a la que se encuentran sometidos los usuarios de WeChat.
Control de la información y vigilancia ciudadana son las dos estrategias utilizadas por el presidente chino, Xi Jinping, para evitar el auge de voces disidentes contra su gestión de la pandemia. RSF informa del control no solo de los internautas, sino también de los medios de comunicación chinos, públicos y privados, bajo la estricta supervisión del Partido Comunista. Por otra parte, las autoridades han obstaculizado aún más la labor de los corresponsales extranjeros en el país. Más de 100 periodistas y blogueros aún se encuentran tras las rejas en condiciones deplorables, por lo que se teme por sus vidas.
Las políticas adoptadas en China nos acercan un claro ejemplo de cómo se está utilizando el uso masivo de las nuevas tecnologías y la vigilancia ciudadana para controlar el flujo informativo. Según RSF, el gobierno chino busca promover fuera de sus fronteras un modelo represivo e instaurar un “nuevo orden mediático mundial” bajo su influencia.
Con el endurecimiento de la reglamentación de Internet, cualquier ciudadano puede ser encarcelado por haber compartido o comentado información en las redes sociales, incluso por un texto enviado por un servicio de mensajería privada.
New York Post informa de las detenciones del Partido Comunista Chino de periodistas ciudadanos que informan sobre la pandemia de coronavirus. Destaca especialmente la detención de Zhang Zhan, una ex abogada de 37 años, que publicó recientemente un informe en YouTube en el que Zhang expresa sus dudas sobre las cifras oficiales de casos de COVID-19 en Wuhan, y sugiere que la cifra debería ser mayor.
Un par de días después de publicar este vídeo, Zhang fue detenida por las autoridades en la casa de sus padres en Shanghai, acusada de «provocar disputas y causar problemas».
A finales de abril el Financial Times habló de las críticas de esta activista sobre el baile de las cifras oficiales ofrecidas por el gobierno sobre el aumento del desempleo en la provincia de Hubei, según Zhang las cifras de parados aumenta a un ritmo mucho mayor de lo que el Partido Comunista Chino reconoce.
Doriane Lau, investigadora de Amnistía Internacional con sede en Hong Kong, señala en declaraciones al Financial Times: como esta represión solo alimenta la frustración y «bloquea el acceso de las personas a la información que puede ser crucial para combatir COVID-19».
El gobierno ha estado tratando de controlar la circulación de información y construir una narrativa que oculte las irregularidades del gobierno.
China ocupa el puesto 177 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa RSF 2020 y es la prisión más grande del mundo para periodistas, con al menos 113 detenidos o desaparecidos