Antes de la celebración de las próximas elecciones presidenciales de Uzbekistán, la presión sobre periodistas ciudadanos y blogueros aumenta.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) inició una campaña pidiendo a las autoridades uzbekas que liberen al bloguero Otabek Sattoriy detenido el 29 de enero, según señala dicha organización, por su discurso anticorrupción a través de sus canales de Telegram y YouTube.
A pesar de dedicarse únicamente a informar, Otabek Sattoriy ha sido acusado por cargos de extorsión. Gulnoza Said, coordinador del programa del CPJ para Europa y Asia Central, señalaba no sólo la necesidad de liberar al bloguero y retirar los cargos, sino la situación en la que se encuentran otros muchos activistas:
La persecución de blogueros y periodistas ciudadanos por sus informes sobre corrupción viola sus derechos constitucionales. Los periodistas en Uzbekistán deberían poder hacer su trabajo sin temor a ser acusados o sufrir represalias.
A pesar de la presión de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, afirmando que dichos «cargos eran inventados y un castigo por su activismo anticorrupción», el 10 de mayo un tribunal regional de Surkhandaryo en el sureste del país condenó a Sattoriy a seis años y medio de prisión por extorsión y calumnia.
Desde Global Voices Advocacy afirman que el caso de Sattoriy es solo el último de una serie de incidentes que involucran a periodistas en todo el país cuyo objetivo es silenciar toda voz disidente contra el gobierno.
La condena de Sattoriy se produce semanas después de que el activista y bloguero Miraziz Bazarov, conocido por criticar al gobierno y defender los derechos LGBT, fuera brutalmente atacado.
Miraziz Bazarov, un activista y bloguero uzbeko, fue atacado por hombres enmascarados el 28 de marzo. La agresión acabó en hospitalización.
Bazarov es un firme defensor de los derechos LGBT, y de la despenalización de la homosexualidad. Nada más ser dado de alto fue puesto bajo arresto domiciliario y acusado de difamación.
En Uzbekistán, las relaciones entre hombres del mismo sexo están castigadas por ley con penas de prisión de hasta tres años.
Después del ataque a Bazarov, Komil Allamjonov, presidente de la Fundación Pública para el Apoyo y el Desarrollo de los Medios de Comunicación Nacionales, lanzó un video en el que instaba a los gobiernos, ONG y periodistas extranjeros a abstenerse de cubrir temas LGBT.
