Ayer explicábamos cómo el primer ministro británico, David Cameron, había anunciado en el parlamento de aquel país que su gobierno estaba estudiando la posibilidad de prohibir el uso de las redes sociales cuando se sospeche que puedan ser utilizadas para preparar actividades criminales en relación con los disturbios que estos días están teniendo lugar en Londres.
Esa propuesta responde al destacado papel que las redes sociales han venido teniendo en las revueltas, como contábamos también hace unos días, y lógicamente, al igual que ocurre con cualquier medida que en un país democrático pretenda recortar derechos fundamentales de los ciudadanos, ha levantado la polémica.
Y es que responsabilizar a la redes sociales –culpar de nuevo a Internet, en definitiva– tiene cada vez menos sentido. La clave y el desafío para los gobiernos están en adaptarse a esa nueva realidad digital y no parece que la solución de prohibir sea una buena idea.
BBC Mundo analiza los riesgos que esa prohibición podría conllevar. El simple anuncio de la propuesta –explica el artículo– ya ha motivado que se establezcan comparaciones entre el gobierno de Cameron y los de los países de la «primavera árabe» que recurrieron a establecer restricciones en Internet para intentar frenar sus respectivas revoluciones.
Aparte de ese paralelismo poco deseable para el gobierno de un país como el Reino Unido, BBC Mundo habla también de las consecuencias jurídicas para la libertad de expresión que un bloqueo de la redes sociales podría suponer y menciona otro aspecto del problema que muchos gobiernos parecen no haber asimilado aún: la escasa efectividad de ese tipo de medidas.
Por un lado, porque para que las medidas de bloqueo de Internet puedan ser efectivas los gobiernos necesitan de la colaboración de las empresas que hay detrás de la redes y medios sociales, y éstas no están siempre dispuestas a apoyar iniciativas que vayan contra la libertad de expresión.
Es el caso de Twitter, conocida por su oposición a establecer límites a la libertad de información de sus usuarios, filosofía que resume una famosa frase de Biz Stone, cofundador de la red de microblogging: «The tweets must flow» (Los tweets deben fluir). Twitter ha sido una de las empresas a las que el gobierno británico ha convocado a una reunión para tratar la posibilidad de llevar a cabo el bloqueo, junto con Facebook y Research in Motion, el fabricante canadiense de BlackBerry.
Pero esta última empresa tiene complicada la colaboración con el gobierno de Cameron, debido a la encriptación de la información que sus usuarios comparten en los chats privados, y Twitter, por esa filosofía que mencionábamos, acepta tratar el asunto pero no promete nada. Sólo Facebook –conocida por su docilidad a la hora de ceder información de sus usuarios a los gobiernos– parece más propensa a colaborar rastreando y eliminando los contenidos que puedan ser considerados inapropiados por las autoridades británicas.
Por otra parte, está la gran velocidad a la que circula la información por Internet y las redes sociales. Sobre esta cuestión cita el artículo a varios expertos, entre ellos Diego Beas, periodista español especializado en el estudio del impacto de las nuevas tecnologías de la información en la política y autor del libro «La reinvención de la política», que estudia esa relación.
Beas duda que ningún gobierno pueda bloquear con éxito absoluto Internet y se pregunta si es viable usar las redes sociales para parar la violencia en las calles una vez que ésta ha estallado. «Twitter podría eliminar los ‘tweets’ que convocan a saqueos pero los mensajes podrían reproducirse muy rápidamente», explica.
El periodista también señala otro riesgo de índole política: «Estamos en una fase de improvisación en la que aún no hay nada regulado y lo que haga el gobierno británico puede servir de precedente equivocado». En este mismo sentido se han manifestado activistas de derechos civiles del Reino Unido, advirtiendo de las consecuencias de la prohibición para una sociedad que se precia de democrática y de valorar la libertad de información.
Sobre esas peligrosas consecuencias escribe en CNN Rebecca MacKinnon, cofundadora de Global Voices, y 10,000 Words publica otro artículo argumentando por qué la medida propuesta por Cameron es una mala idea.
Este último artículo comparte algunas de las ideas desplegadas en el de BBC Mundo, como la ineficacia de la prohibición –citando a Jillian York en entrevista para Bloomberg– o sus implicaciones respecto a la libertad de expresión –enlazando a un artículo de Guardian en el que Jeff Jarvis critica la propuesta en ese aspecto.
Son aún más las opiniones coincidentes, publicadas en muchos medios, con las que aquí hemos reseñado. Y es que la realidad, por mucho que los gobiernos no quieran enterarse, es que la comunicación ciudadana es ya un hecho irreversible. E intentar prohibir esa comunicación no sólo es antiestético sino también inútil.
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