Como cada año Reporteros Sin Fronteras ha hecho público su barómetro de la libertad de expresión en el mundo, en donde se hace especial hincapié en destacacar cómo informar de una manifestación se ha convertido en una actividad cada vez más peligrosa. Como señalan en este informe es necesario que los estados adquieran un compromiso para proteger a estos informadores, tanto profesionales como aficionados, en el contexto de una manifestación:
Un amplio número de periodistas – profesionales y aficionados, locales y extranjeros – han recibido insultos, amenazas, ataques, incluso han sido asesinados, mientras cubrían manifestaciones. Algunos son afectados directos; otros son víctimas colaterales. La violencia puede venir de los manifestantes o de las fuerzas de seguridad. En respuesta a la ampliación de tesis en los acontecimientos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de marzo, expresó su «preocupación por el número de ataques contra los defensores de los derechos humanos y periodistas» en el contexto de las manifestaciones pacíficas. «El Consejo pidió que «todos los Estados presten una especial atención a la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubren las protestas pacíficas, tomando en cuenta su función específica, la exposición y la vulnerabilidad. «Ese nivel de protección se aplica por igual a periodistas aficionados y profesionales».
Previamente a la publicación de este informe, RSF solicitaba a la ONU la figura de un asesor especial encargado de velar de la seguridad de los periodistas, tanto profesionales como ciudadanos. Así lo destacaban desde Periodistas-es.com al señalar el texto de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 21 de noviembre de 2014, en el que se pide el nombramiento de un asesor especial del Secretario General para asegurar la protección de estos informadores:
Siguiendo la estela de la resolución adoptada el 18 de diciembre de 2013, la nueva resolución reafirma el concepto de periodismo como una actividad que está evolucionando y ahora incluye no sólo a los periodistas profesionales, sino también a “individuos privados y una amplia gama de organizaciones que buscan, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, tanto online como fuera de la Red”.
Se reafirma la obligación de proteger a los periodistas, en tiempos de guerra y también en período de paz, y hace hincapié en la necesidad de “crear y mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para los periodistas”, así como para emprender “una investigación imparcial, pronta, exhaustiva, independiente y eficaz” en los ataques contra los periodistas y otros proveedores de noticias.
El actual Barómetro de la Libertad de Expresión destaca también la delicada situación que se vive en España con la aprobación de la «Ley de Seguridad Ciudadana«, mas conocida como «Ley Mordaza«.
España (33a) adoptó una ley sobre la seguridad pública en diciembre de 2014, que incluye una multa de hasta 600.000 euros por toma de imágenes o de circulación que dañan el honor, la imagen o la seguridad de las fuerzas de seguridad.
La aprobación de esta ley ha sido criticada por numerosas organizaciones internacionales entre las que también se encuentra Amnistía Internacional quien destacaba, entre las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía y a esta organización en particular, la imposición de sanciones consideradas como “muy graves”, que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros, según el Ministerio del Interior, para ” aquellos que hubieran convocado (manifestaciones) a través de Internet, o las redes sociales . Según Amnistía:
El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes policiales en lugar de proteger la protesta.
En el ranking establecido por RSF España ocupa actualmente el puesto número 33. Frente este aumento de la peligrosidad a la que se enfrentan periodistas e informadores no profesionales a la hora de cubrir una manifestaciones llama la atención que no aparezca registrado ningún periodista ciudadano fallecido el pasado año, especialmente cuando en 2013 destacaban la muerte de 19 periodistas ciudadanos. El número de periodistas asesinados también disminuye a 13 frente a los 66 del año pasado.
El informe, especialmente en el apartado dedicado a denunciar el peligro al que se enfrentan los periodistas en la cobertura de manifestaciones, señala cómo algunos países tratan de disminuir la presencia de medios «censurando noticias sobre las protestas».
Durante la «Umbrella Revolution», por ejemplo, China (176) intensificó sus esfuerzos para limitar la cobertura – bloqueando el acceso a sitios web e imágenes; suprimió muchos mensajes y comentarios en blogs; e intentó cambiar el tono de la cobertura informativa. En Venezuela, ante el aumento del tamaño de las manifestaciones, los funcionarios informaron que «la cobertura de hechos violentos» estaría sujeta a sanciones. La señal de emisión del canal de noticias colombiano NTN24 (que informaba sobre las demandas de la oposición) fue censurado en Venezuela.
RSF advierte de que el temor a la propagación de los movimientos gubernamentales considerados como «anti-sistema», al igual que sucedió con el estallido de las revueltas de la primavera árabe, está llevando a tomar cada vez más medidas represoras para limitar la libertad de reunión y la cobertura mediática de las protestas. Los ejemplos más notables de esta tendencia se encuentran en Europa oriental y Asia central.
Si te interesa puedes consultar el informe de año pasado.