Uno de los grandes retos al que se enfrentan periodistas ciudadanos y blogueros es conseguir un marco legal que proteja, tanto sus informaciones, como la confidencialidad de sus fuentes.
El Tribunal de Apelaciones nº9 de San Francisco, dictaminó la semana pasada que los bloggers tienen los mismos derechos que los periodistas profesionales y no pueden ser acusados de difamación sin que se pruebe negligencia.
Esta sentencia vuelve a poner de actualidad el caso de la bloguera de investigación Crystal Cox, condenada por un juez de la Corte de Portland, Oregón, a pagar 2,5 millones de dólares. Cox fue denunciada por Kevin Padrick al acusarle de “fraude, corrupción y blanqueo de dinero». Oregón es uno de los 40 estados con leyes que protegen la confidencialidad de las fuentes pero el juez de este caso no consideró que Cox mereciese esta protección al no poder considerarse una periodista tradicional. Como señalan desde Reuters el fallo del viernes del Tribunal de Apelaciones ofrece a Cox la oportunidad de tener un nuevo juicio «aunque no fuera una periodista tradicional».
Esta sentencia reabre el debate en torno a la libertad de expresión y la necesidad de protección de blogueros y periodistas ciudadanos, y ofrece un camino de esperanza de cara a la protección de este tipo de informadores que, en muchos casos, se juegan la vida a la hora de informar o denunciar casos de corrupción. La decisión ha sido unánime por parte de los tres magistrados responsables de la sentencia. Andrew Hurwitz, juez del Noveno Circuito, destacaba:
«Como advirtió con precisión el Tribunal Supremo, es inviable una distinción de la Primera Enmienda entre la prensa institucional y otros oradores».
Eugene Volokh, profesor de derecho en la Universidad de California en Los Ángeles, señalaba sobre el fallo del viernes:
«En los tiempos que corren, con tantas cosas importantes producidas por personas que no son profesionales, es más difícil que nunca para decidir quien es miembro de la prensa institucional «.
El 2013 ha sido un año difícil en este sentido, tras la enmienda realizada a la ley de protección de medios de la senadora de California Diane Feinstein, en la que señalaba que periodistas ciudadanos y bloggers no serían objeto de protección. La senadora establecía que únicamente “los periodistas reales o “real reporter” deben contar con esta protección.
Susanne Posel, habla en profundidad sobre este caso y afirma en Occupy Corporatism, en alusión a la actuación de la senadora Diane Feinstein:
Este caso es importante para el futuro del periodismo ciudadano a causa de la cruzada contra la libertad de expresión perpetrados por miembros del Congreso.
Con esta nueva sentencia el debate vuelve a centrarse en la libertad de prensa, dejando a un lado los tecnicismo relacionados con quien es o no es un periodista, ya que el fin último y más importante debería ser siempre la información.
Imagen bajo licencia CC de johnny nguyen