La Ley de Delitos Cibernéticos, más conocida como el PECB, (Prevention of Electronic Crimes Bill), está siendo impulsada a través del Parlamento de Pakistán. Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watches o Electronic Frontier Fundation, (@EFF), denuncian las graves consecuencias que la aprobación de esta ley podría tener para la libertad de expresión. Según señalan EFF:
Se le daría al gobierno poderes legales para censurar la red, realizar un seguimiento de los usuarios de Internet, criminalizar a los investigadores en seguridad informática y ofrecer datos personales a las potencias extranjeras.
Para tratar de frenar la aprobación de esta ley, EFF ha puesto en marcha una campaña de información, en colaboración con la Digital Rights Foundation (DRF),(@DigitalRightsPK), para recopilar firmas para que el Senado de Pakistán frene este tipo de medidas.
Al igual que ha sucedido en España con la Ley de Seguridad Ciudadana, mas conocida como Ley Mordaza, la Ley de Delitos Cibernéticos, nació con la supuesta intención de luchar contra la «ciberdelincuencia». Esta intención inicial se ha distorsionado hasta convertir la seguridad ciudadana en una oportunidad para dar a las autoridades de Pakistán nuevos y amplios poderes sobre las redes de telefonía móvil y de Internet, tipificando como delito los actos cotidianos de los usuarios en Internet.
Esto es lo que el actual proyecto de PECB haría, entre otras:
El gobierno podría forzar a las compañías de Internet a eliminar o bloquear el acceso a cualquier «discurso, sonido, dato, escrito, imagen o vídeo,» sin la aprobación del tribunal.Internet y las compañías telefónicas se verían obligados a mantener un registro de sus usuarios durante un año, y dar a los funcionarios públicos acceso a sus sistemas internos cuando se dicte una orden secreta.
El gobierno de Pakistán sería capaz de compartir cualquier información privada que descubra con cualquier agencia de inteligencia extranjera, sin supervisión.
Human Rights Watches califica la medida como «un atentado contra los derechos humanos.» Expertos legales de delitos informáticos han calificado la última versión como «draconiana«.
EFF en colaboración con la Digital Rights Foundation, han preparado una lista de los políticos de Pakistán que usan y leen Twitter para que los interesados en frenar esta medida puedan enviar mensajes denunciado dicha ley y solicitando su anulación.
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