El escándalo sobre las relaciones extramatrimoniales del candidato demócrata John Edwards con Rielle Hunter, una cineasta aficionada contratada para realizar documentales de su campaña, ha levantado polémicas no sólo de orden político, sino también relacionadas con la cobertura periodística del caso.
Según escribe Steve Clemons dentro del especial de Huffington Post sobre el «affaire», fue Sam Stein quien en ese mismo medio escribió por primera vez sobre el tema en octubre del pasado 2007, aunque fue el seguimiento del amarillista National Enquirer el que destapó y alimentó el escándalo que ha llevado finalmente a John Edwards a reconocer públicamente su infidelidad.
Entre tanto, desde aquellas primeras informaciones hasta la reciente confesión de Edwards, poco se ha dicho tanto en los medios tradicionales como en los nuevos medios, entre ellos los blogs políticos. Estos últimos, en muchos casos, incluso defendieron sin más indagaciones la inocencia que el propio Edwards declaraba en un primer momento. Y también hubo quienes atribuyeron las acusaciones a conspiraciones de otros candidatos que supuestamente querrían apartarle de la carrera electoral.
El error, para los que ahora analizan la responsabilidad en esa ausencia de información, fue anteponer otros intereses a la búsqueda de la verdad, a la investigación independiente para informar con la objetividad que ha de reclamarse no sólo al periodismo profesional sino también al nuevo periodismo ciudadano.
Los medios tradicionales ya han aceptado esa responsabilidad en algunos casos. Tim Rutten en Los Angeles Times y Clark Hoyt en el New York Times han escrito sendos artículos admitiendo el silencio de los principales medios y su falta de afán por investigar a fondo el caso.
Pero también en Internet, escenario de trabajo principal del nuevo periodismo ciudadano, ha habido en este caso más ruido y agitación que información concreta y objetiva.
En el fondo, más allá de la singularidad del caso Edwards, lo que se debate es el papel de los medios, tradicionales y nuevos, en la información política. Y el grado de confianza que los ciudadanos pueden tener en la veracidad y neutralidad de esa información.