Cualquier persona que viaje a los EEUU a partir de ahora se arriesga a que su ordenador portátil y otros aparatos electrónicos, como agendas y teléfonos móviles, sean incautados, registrados y retenidos durante un tiempo ilimitado, sin necesidad de orden judicial, según informa el diario Washington Post.
Esta nueva ordenanza fue aprobada el pasado 16 de julio por el departamento de seguridad interior de EEUU, pero su contenido y alcance se han mantenido en secreto hasta la fecha, y sólo han sido revelados ante la presión de
asociaciones para la defensa de las libertades civiles de Estados Unidos.
Esta polémica normativa afecta a cualquier persona que cruce las fronteras de los Estados Unidos, ya sean nacionales de este país o extranjeros, y otorga a los agentes fronterizos poderes que incluyen el examen y la copia de toda la información, según han denunciado responsables de la fundación Electronic Frontier.
La normativa no exige ni siquiera que se tengan sospechas respecto a la comisión de delitos, con lo que la discrecionalidad en su aplicación es prácticamente absoluta. La fundación Electronic Frontier alerta que esto abre una puerta para que el Gobierno americano se incaute de la información privada de cualquier ciudadano y la incluya en sus bases de datos.
Cabe añadir que esta normativa abre una vía para que el Gobierno pueda circunvenir la ley a la hora de incautarse de contenidos, fuentes y contactos de los periodistas, tanto ciudadanos como profesionales.
¿Dónde queda el derecho a la intimidad tras esta normativa? Sin duda se trata de un golpe de tuerca más a los derechos humanos en los EEUU en el contexto de la lucha antiterrorista.
