A las 9 de la mañana del miércoles 13 de marzo de 2013 comenzaba la campaña en Twitter “¿Dónde está la ley de #transparencia? #PreguntaCongreso”. Estaba promovida por Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué Hacen los Diputados.
Su objetivo era la publicación, por parte de la Comisión Constitucional, de:
- Un calendario con las fechas de las comparecencias de expertos que quedan y con las fechas de las votaciones.
- La lista de los expertos que van a comparecer antes de la votación de la ley.
El Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno había entrado en el Congreso 228 días antes y en ese periodo hubo hasta 20 ampliaciones en el plazo que tenían los grupos parlamentarios para presentar sus enmiendas al texto. El último, hasta ahora, concluye el próximo .
De la iniciativa se hizo eco la Asociación de la Prensa de Madrid, medios como Infolibre, El Confidencial, Terra, etc., y periodistas como Ana Pastor, Borja Bergareche (corresponsal de ABC en Londres), María Fabra (El País) o Dani Montero (Interviú). El día anterior, Juanlu Sánchez, publicaba en eldiario.es (sólo para socios, inicialmente) un artículo bajo el título: “¿Dónde está la ley de transparencia?”, en el que se anunciaba el inicio de la campaña.
Por su parte, Change.org enviaba un correo electrónico a las más de 175.000 personas que habían pedido que se incluyera a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia. El email concluía diciendo: “¡Haz click aquí y envía tu tuit!”. Y muchos de estos ciudadanos decidieron apoyar la campaña (en este enlace podemos ver el número de ciudadanos que se sumaron a través de Twitter).
Para Access Info Europe, esta no era la primera campaña con estas características. El 8 de marzo de 2011, el diario ABC publicaba “Avalancha de tuits para exigir al Gobierno una Ley de Transparencia”. En aquella ocasión, el hashtag fue #preguntaalgobierno. La campaña estaba dirigida al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (el PSOE había incluido en sus programas electorales de 2004 –Pág. 42 de su programa electoral– y 2008 –Pág. 261 de su programa electoral– la promesa de aprobar una «Ley sobre el derecho al libre acceso a la información»).
Antoni Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación, al referirse a la actual campaña #PreguntaCongreso, la define como “activismo ciudadano en Twitter”.
Es cierto que en muchas ocasiones se critica el activismo de click y se contrapone al poder simbólico de las manifestaciones. Pero quizá, en esta ocasión, podamos extraer algunas conclusiones útiles para avanzar en este debate.
Lo más significativo de esta campaña es que -simultáneamente- periodistas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos y todo aquél que se quisiera sumar (algunos políticos también se sumaron), estaban haciendo la misma pregunta, al mismo tiempo, y en la misma dirección: ¿Dónde está la Ley de transparencia?
Poco después, el diputado de ICV-EUiA, Joan Josep Nuet, a título personal, anunciaba en Twitter que “haría público el calendario de trabajo de la Comisión, en Twitter y Facebook” tras una reunión prevista para este 14 de marzo de los portavoces y de la Mesa de la Comisión Constitucional.
Evidentemente, la iniciativa –muy de agradecer- sólo es un síntoma –eso sí, muy representativo- de la falta de transparencia de las instituciones públicas.
La Coalición Pro Acceso, formada por 66 organizaciones y creada en 2006, habla de 10 principios que necesitaría la Ley de Transparencia en España para cumplir los estándares internacionales. El primero de ellos, “El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona”, no se recoge en el actual proyecto. Su importancia radica en la posibilidad de que el derecho de acceso a la información, entendido como un derecho fundamental, puede servir como un derecho que protege otros derechos.
Los hechos, a día de hoy, nos demuestran que hay 93 países en el mundo que tienen una ley de acceso a la información y España es el único país europeo de más de un millón de habitantes (Chipre y Luxemburgo tampoco tienen) que no la ha aprobado todavía (hay que remontarse a 1766 para encontrar la primera ley en Suecia).
El objetivo de todo Gobierno Abierto es incentivar y promover el diálogo entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Como pilares de esta nueva forma de hacer política siempre se habla de transparencia, participación y rendición de cuentas (otras voces hablan de colaboración).
En muchos de estos países, esta labor se realiza de forma proactiva por parte de gobiernos e instituciones públicas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la sociedad civil se anticipa tanto a sus representantes políticos como en esta demanda de una buena ley de transparencia?
La respuesta es difícil, salvo apuntar que lo ocurrido durante los últimos años en España será estudiado durante muchos años… Y posiblemente aquellos que lo estudien, se preguntarán -quien sabe si llegarán a entenderlo-:
¿Por qué no quisieron comprender que no habían cambiado los valores democráticos, sino los mecanismos de participación ciudadana y que con ellos se había profundizado en el propio concepto de democracia?
¿Por qué no entendieron que lo “público” no es sólo lo que hace referencia al Estado o lo que se opone –a priori- a lo privado, sino que hay que vincularlo también a lo accesible y a lo que afecta a todo el mundo?
