Tras la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas durante el mes de noviembre en Egipto, el país anfitrión esconde unas credenciales perversas bajo el régimen de el-Sisi. El activista pro derechos humanos Raamy Shaath, liberado en enero de 2022 tras dos años y medio de prisión, evidencia la opresión de un régimen con 60.000 presos políticos encarcelados.
En plena zona noble de Madrid, donde se ubica la embajada de Egipto, se manifestaron el pasado 4 de noviembre unas decenas de activistas pro derechos humanos convocados por Amnistía Internacional (AI). Con el lema “Egipto COP27: un desierto de derechos humanos” esta organización pretende denunciar mediante su protesta la violación sistemática de derechos humanos que impone el régimen de Abdel Fattah el-Sisi desde su golpe de estado en 2011. Según Olatz Cacho, portavoz de AI España, el gobierno egipcio organiza la COP27 como ejercicio de marketing para ocultar la violación de derechos humanos institucionalizada en el país.
La protesta pacífica celebrada en vísperas de la inauguración de la cumbre climática contó con la presencia del activista y ciudadano egipcio-palestino Ramy Shaath, exiliado en Francia tras su liberación el 6 de enero de 2022. Su caso se suma al de otros muchos rostros anónimos que se acumulan en las cárceles egipcias. Según cifras aportadas por ONG´s locales, se calculan hasta 60.000 presos detenidos de forma arbitraria en unas condiciones de desamparo legal, torturas generalizadas y denegación sistemática de asistencia sanitaria.
El caso de Ramy Shaath alcanzó gran repercusión internacional gracias a la campaña de liberación impulsada por su esposa Céline Lebrun-Shaath, también activista y presente durante la manifestación, que llegó a involucrar al propio presidente francés, Emmanuel Macron, con una
mediación ante el gobierno egipcio en favor de su excarcelación. Ramy, conocido activista pro derechos civiles y co-fundador del Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), plataforma cívica por la liberación de los territorios palestinos ocupados por Israel, fue arrestado violentamente en su domicilio el 5 de julio de 2019 y trasladado a paradero desconocido.
Esta detención arbitraria supuso el inició de un largo calvario de dos años y medio en el que sufrió amenazas, torturas, aislamientos y desamparo legal. Según el activista, la acusación oficial le vinculaba con una organización terrorista cuyo nombre nunca le fue revelado por las autoridades egipcias en un proceso cargado de irregularidades.
España Foto: Carlos Tofiño
La situación generalizada en las cárceles egipcias es de insalubridad y hacinamiento, según múltiples testimonios de presos recogidos por las organizaciones de derechos humanos, pero la especial gravedad reside en la institucionalización represiva de la tortura en que se asienta su sistema penitenciario. Ramy reconoce que, a pesar de los padecimientos sufridos, su situación en prisión distaba de los horrores que soportan otros presos, con un registro de decenas de muertos bajo custodia en cárceles egipcias, según declara la portavoz de AI España.
Tras más de 900 días en prisión, Ramy Shaath consiguió su liberación a cambio de renunciar a su ciudadanía egipcia. Detrás de su caso se esconde un oscuro túnel de violaciones de derechos humanos asentado en la impunidad institucional generalizada sobre denuncias de desapariciones forzadas y torturas nunca investigadas que cuentan con la complicidad del aparato judicial, según denuncia AI en su informe Permanent State of Exception.
La presión internacional condenando los abusos del gobierno egipcio y en favor de la excarcelación de presos políticos se ha producido a través de diferentes llamamientos del ámbito jurídico internacional especializado en derechos humanos; por parte de miembros del Parlamento Europeo, del Congreso estadounidense y otros parlamentos nacionales e incluso, a instancias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A pesar de ello, como recogen los informes anuales de AI y Human Rights Watch, principales organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos, el gobierno de el- Sisi mantiene su represión hacia activistas, defensores de los derechos humanos, opositores políticos, estudiantes, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, ONG´s, mujeres, colectivos LGBTI y minorías religiosas. Según estos organismos, Egipto vive la peor crisis de derechos humanos en décadas, empeorando los fatídicos registros de la era Mubarak (1981-2011).
Son estas las credenciales enmascaradas por el gobierno de Abdel Fattah el-Sisi ante la celebración de la vigésimo séptima Cumbre del Clima que, bajo el marco de las Naciones Unidas, ha tenido lugar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, ubicada al sur del desierto de Sinaí, junto al Mar Rojo. El 6 de noviembre, día de la inauguración de la COP27, el activista prodemocracia Alaa Abdel-Fattah, encarcelado desde el 29 de septiembre de 2019 en la prisión de Tora, al sur de El Cairo (la misma en la que estuvo preso Ramy Shaath), comenzó una huelga de agua sobre la ya iniciada huelga de hambre, como máxima señal de protesta contra el régimen opresor del gobierno de el-Sisi y anfitrión de esta cumbre internacional del clima. Una cumbre más y una nueva oportunidad para comprobar si los líderes internacionales han sido capaces de establecer acuerdos efectivos ante la amenaza climática y practicar, de paso, un ejercicio digno de diplomacia que consiga aliviar la represiva situación de los presos injustamente encarcelados en Egipto.
