Rhodri Jones, editor adjunto de The i Paper, periódico de noticias resumidas del diario británico The Independent, publicaba ayer un editorial, «Social media and citizen journalism», en el que calificaba específicamente de periodismo ciudadano el vídeo en que aparecían los presuntos autores del asesinato de un militar británico en Londres esta semana. Un vídeo grabado de forma valerosa por una testigo de los hechos, una ciudadana, y cuyas imágenes, rotuladas como exclusiva de ITV News, han sido usadas por medios de todo el mundo en sus informaciones sobre el suceso.
«ITV News ha obtenido imágenes de un hombre con las manos ensangrentadas dirigiéndose a una cámara en una carretera al sur de Londres». Esto es todo lo que este medio explica sobre el origen de un vídeo que anuncian como exclusivo. Ni una mención a la ciudadana que obtuvo esas imágenes, a quien por otra parte sí hemos podido conocer por el interés de otros medios en entrevistarla o destacar su audacia frente a los presuntos asesinos. ¿Hubiera dado más relevancia ITV News a la autoría de la grabación si la hubiera obtenido uno de sus reporteros? Posiblemente sí.
Este ejemplo nos sirve, por una parte, para constatar, una vez más, que pese a la persistencia de algunos detractores hay periodistas y medios que hace tiempo que reconocen de forma abierta la existencia y validez del periodismo ciudadano –en este caso, un editor de The Independent. Y por otro lado nos recuerda asimismo que sigue existiendo en muchos medios la mala costumbre de no acreditar debidamente a los ciudadanos que han conseguido la información que esos mismos medios pueden incluso presentar como exclusiva cuando tienen la oportunidad y el material lo vale.
A esta falta de acreditación se ha referido Mark Little, CEO de Storyful, en un artículo –«A public license for online news video?»– en el que aboga por la creación de una licencia específica para el periodismo ciudadano, un «contrato social» entre periodistas profesionales y reporteros ciudadanos que regulara la publicación del material de estos últimos:
En una época en que cualquier miembro de la audiencia es también un reportero potencial, las viejas reglas no tienen aplicación posible, y las nuevas reglas o bien todavía no existen o no se hacen cumplir. La mayoría de los principales medios tienen algunas pautas básicas que rigen el uso de contenidos generados por los usuarios y algunos, como la BBC, han dedicado unidades específicas a esos contenidos. Pero las normas aplicadas de manera consistente son, sin embargo, la excepción. A pesar de que la industria periodística es cada vez más dependiente del contenido generado por los usuarios, continúa crónicamente confundida respecto a él.
No se refiere Little tanto en su propuesta a los aspectos comerciales de una licencia como al valor informativo de esos materiales ciudadanos. De ahí que hable de una licencia de servicio público (Public Service Video License) en cuyo concepto se entremezclan la filosofía Creative Commons y la doctrina del «uso justo» (Fair Use).
Little imagina la Public Service Video License como un acuerdo estándar que garantice que el material informativo ciudadano de relevancia encuentre vías rápidas para su difusión, evitando consideraciones económicas y complicaciones legales que la puedan dificultar. Una licencia que, define, sólo puede ser acordada con el verdadero propietario de los derechos, el ciudadano que ha generado la pieza informativa.
El artículo de Little incluye otras muchas reflexiones que pueden ser de interés para quien quiera profundizar en este nuevo concepto de licencia. Y no menos interesante puede resultar la opinión al respecto de esta idea que Mathew Ingram comparte en un artículo en paidContent. Aunque coincide en la raíz del problema y simpatiza con la iniciativa de Little, Ingram no ve tan clara la necesidad de una licencia específica. Si está plenamente de acuerdo, sin embargo, en el objetivo que se persigue: conseguir que los medios acrediten la información ciudadana de una forma adecuada.
