“Cada periodista asesinado o neutralizado es un observador menos de la condición humana. Cada ataque distorsiona la realidad creando un clima de miedo y autocensura”. Son palabras textuales de Barry James extraídas del libro «Press freedom: safety of journalists and impunity«, una compilación de artículos que publicaba UNESCO en 2002. Esa misma afirmación encabeza el texto del «plan de acción de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad«.
Esta iniciativa sirve de motivación para la presentación de los resultados del Índice de Impunidad 2013, que desde 2008 publica el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una ONG independiente que promueve la libertad de prensa a nivel mundial, así como el derecho de los periodistas a contar lo que acontece a su alrededor sin sufrir presiones de tipo alguno.
El CPJ lleva recopilando datos acerca de asesinatos y represión de periodistas desde 1992; y elaboran hace ya seis años este índice como parte de su campaña global contra la impunidad, dejando constancia de los crímenes contra los informadores que no se resuelven, en muchos casos debido a la negligencia institucional del país en los que se cometen.
El índice clasifica los diferentes países en los que hay casos no resueltos en términos relativos a su población, arrojando un resultado que contabiliza el número de crímenes sin resolver en cada país desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012, por millón de habitantes. Este año, según se muestra en la tabla de la figura, encontramos una docena de países con más de cinco casos sin resolver.
Resulta relevante que, salvo Nigeria y Brasil, los otros diez países se mantienen en la lista desde su primera edición. Por otro lado, es interesante destacar el hecho de que solo 11 de los 256 asesinatos registrados en el índice han tenido como víctimas a periodistas que trabajaban fuera de su país.
Casi una tercera parte de los casos (30%) se dieron cubriendo aspectos relacionados con la política del país donde tuvieron lugar; mientras que una quinta parte estaban relacionados con la cobertura de casos de corrupción. También destaca el dato de que casi en la mitad de los casos (48%) las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas.
