Medios y redes sociales están cambiando la forma en la que entendemos tanto las sociedades, como su gestión. Las Cámaras se ha convertido en las armas más temidas en regímenes como el sirio, por su capacidad para difundir vídeos, imágenes e información que los gobiernos, especialmente represivos, prefieren mantener oculto.
Desde Global Voices nos informan de cómo el «gobierno egipcio quiere desarrollar nuevas herramientas agresivas de vigilancia masiva para hacer seguimiento a los medios sociales y otras comunicaciones en línea en Egipto».
A principios de junio el Ministerio del Interior anunciaba una solicitud de propuestas con toda una serie de objetivos para un nuevo y “mejor” aparato de vigilancia técnica. Frente a esta situación desde Global Voices nos proponen una serie de preguntas y respuestas con los principales problemas y retos a los que deben enfrentarse los usuarios de Internet en Egipto ante futuras tácticas de vigilancia.
En esta especie de manual sobre la privacidad de las comunicaciones, nos explican cómo los proveedores de servicios de comunicaciones, es decir, compañías de telefonía móvil, Internet o de medios sociales, deberían prestar servicios sin mirar los contenidos de sus usuarios. Pero la intimidad de estas comunicaciones debe también ser preservada y protegida por el estado y sus organismos de gobierno:
el Estado también debe tener leyes que protejan los datos de los ciudadanos, regulando la recolección y el almacenamiento de estos datos y estableciendo un marco general para las empresas. Estas leyes deben ser aprobadas por el Parlamento, con la participación de todas las partes interesadas, como empresas, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, expertos en tecnología, académicos y periodistas.
Ramy Raoof, periodista, activista, autor del post original (Mada Masr) y colaborador de Global Voices Advocacy, señala como desde 2008 han recopilado evidencia técnica, testimonios, documentos y otros materiales que demuestran que «el Ministerio del Interior vigila a los ciudadanos de varias formas».
En 2011, cuando la sede de la Seguridad del Estado fue tomada por asalto, se encontraron documentos que mostraban el acta de una reunión [ar] del Ministerio del Interior con los proveedores de servicios de telefonía móvil y de Internet en Egipto, relativa a un plan de vigilancia conjunto. Otros documentos muestran propuestas técnicas por parte de empresas de vigilancia [en]. Estos (documentos) han contribuido a demostrar la censura y vigilancia por el Ministerio en colaboración con empresas de Egipto y mediante la adquisición de software extranjero.
Aunque este tipo de actividades ya se conocían, la situación ha adoptado especial gravedad ya que la nueva estrategia del Ministerio del Interior, para controlor los medios y redes sociales establece, no solo el control de los contenidos públicos, sino que :
en sus directrices de licitación [en], pidió software que no solo vigila los contenidos públicos, sino también contenidos privados, como las comunicaciones en Whatsapp y Viber.
Entre las justificaciones alegadas por el ministerio para poner en marcha este tipo de actividad argumentan que lo hacen para “preservar la moral y las tradiciones de la sociedad”, cuestiones que, como asegura este activista en favor de los derechos humanos, «no tienen nada que ver con el terrorismo, que es la excusa convencional utilizada por los Estados para legitimar la vigilancia.»
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Imagen: Geralt, vía Pixabay bajo licencia CC.
