El pasado jueves, el Senado votó la definición de «periodista», un tema del que os venimos informando puntualmente, ya que esta nueva definición deja desamparados a bloggers, periodistas ciudadanos y otro tipo de periodistas independientes, no asalariados.
Tal y como señala el Huffington Post, el pasado jueves el Senado, en una votación de 13-5, votó este aspecto incluido en el acta sobre la Libre Circulación de Información, («Free Flow of Information Act»), determinando la definición de lo que denominan “covered journalist”. EFF, señalaba hace tiempo como, tanto la Cámara (H.R. 1962) como el Senado, en sus respectivos proyectos de ley (S. 987), utilizaban la expresión: “covered journalist”, (“periodista cubierto”, es decir bajo la cobertura de un medio de comunicación). Según lo aprobado definen la figura de un “covered journalist” como «un empleado, contratado de forma independiente o un agente de una organización que difunde noticias o información».
Esta definición entronca con la propuesta de la senadora de California Diane Feinstein, en la que señalaba que sólo los periodistas asalariados deben contar con protección legal por lo que dicen o escriben, excluyendo así a periodistas ciudadanos y bloggers del derecho a ser protegidos legalmente, tanto su trabajo como a sus fuentes. El debate en el caso de la senadora se centro en cuestiones semánticas hablando de quien puede considerarse un periodista real o “real reporter”
Tal y como señala Tricia Todd en el Huffington Post esta ley «hace muy poco por beneficiar a los trabajadores independientes que con frecuencia proporcionan un sólida cobertura de las historias menos denunciadas». En este sentido Tricia pone el ejemplo de la periodista ‘freelance’ Alexa O’Brien, convertida en una informadora fundamental desde el primer día en el que se celebró el juicio del soldado Manning, acusado de 22 cargos por filtrar documentos diplomáticos. O’Brien escribió una carta en protesta por haber sido calificada como “una activista” por el NYT, “especialmente”, después de que uno de los autores del artículo contactase con ella para solicitarle información para su historia.
Esta ley abre un panorama desalentador relacionado con el control de la información y con las personas que pueden ejercer ese control, en un intento de limitar la libertad de expresión que internet y las redes sociales han proporcionado, especialmente, en aquellas situaciones en las que los intereses políticos pueden poner en entredicho la imparcialidad de los medios de comunicación profesionales. En este sentido, Víctor Sampedro, Catedrático de comunicación política de la URJC, señalaba en el blog Otras Miradas, de Público:
Los derechos asociados a la libertad de expresión pasarán a ser concedidos por las corporaciones mediáticas y las universidades.
La protección de los derechos constitucionales ligados a la libertad de expresión va a ser limitada solo a quienes cobren de los medios y/o estén matriculados en las facultades de comunicación.
La iniciativa demuestra responder al desafío planteado por WikiLeaks, al contener la ya conocida como “cláusula Assange”. Lo que ahora llaman un “covered journalist” (periodista cubierto) excluye explícitamente a “toda persona o entidad (…) cuya función principal (…) sea la de publicar documentos de fuentes originales que le hayan sido reveladas sin autorización”. Es decir, solo blinda a los gabinetes de prensa y de relaciones públicas, que es en lo que se han convertido la mayoría de medios convencionales. Va directo contra el cuarto poder en ciernes que inauguraba WikiLeaks.
A las declaraciones Sampedro, y en la misma dirección Tricia critica las consecuencias de esta ley que, en ningún caso, van encaminadas a facilitar el libre flujo de información:
En su actual redacción, la Libre Circulación de Información es un término equivocado e irónico, ya que realmente tiene la intención de proteger a los políticos de los periodistas molestos que buscan descubrir irregularidades.
