Por 65 votos a favor y 7 en contra, en una primera ronda de votaciones, el Senado de Brasil aprobaba hace unos días el restablecimiento de la exigencia de un diploma de curso superior para el ejercicio de la profesión de periodista.
La obligatoriedad de dicho diploma fue anulada por el Tribunal Supremo Federal (STF) en junio de 2009, y ya entonces comenzó una campaña en contra de esa anulación, promovida principalmente por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ). Como resultado, dos años después, llega esta aprobación en el Senado, después de haberse salvado con éxito el paso de la propuesta por el Congreso brasileño.
La enmienda aún deberá ser aprobada en segundo turno por el pleno del Senado para volver a la Cámara de Diputados, donde tendrá que pasar por dos turnos de votación más. Si fuera modificada en el Congreso, regresaría al Senado para una nueva ratificación.
Lógicamente, la FENAJ ha celebrado este resultado, que en palabras de su presidente, Celso Schröder, “representa el deseo del Senado de corregir un error histórico del STF contra la categoria profesional de los periodistas”. Para otras organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Brasileña de Periodistas (ABJ), supone por el contrario un atentado a la libertad de prensa y al pensamiento libre, garantizados por la Constitución Federal.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas está publicando una serie de artículos en los que se debate el requerimiento, con opiniones a favor y en contra del restablecimiento del diploma. Hasta ahora han publicado entradas con la opinión de dos profesoras y dos estudiantes de Comunicación.
Ayer mencionábamos este caso brasileño y otro similar en Quebec, en relación con la condena por difamación a una blogger estadounidense. En el caso de la provincia canadiense, la Ministra de Cultura de Quebec, Christine St-Pierre, se refirió expresamente al establecimiento de un «estatus de periodista profesional» para distinguir a estos periodistas de los «bloggers amateurs».
Asimismo, nos referíamos también ayer a las protestas del movimiento Occupy en Nueva York, Los Angeles y otras ciudades, donde las autoridades han intentado utilizar la distinción entre periodistas tradicionales y los que no lo son con el fin de controlar la información ciudadana sobre esas concentraciones.
Y en otra entrada de hace unos días, hablábamos de cómo el gobierno sirio ha optado por prohibir el uso de iPhones para frenar el ascenso del periodismo ciudadano que informa al resto del mundo sobre los trágicos sucesos que se vienen dando en aquel país.
Parece ser que lo que en los países sin garantías democráticas se intenta resolver con represión y prohibiciones quiera conseguirse en ciertas democracias consolidadas por la vía legislativa. Lo paradójico es que sean los mismos periodistas profesionales a los que se niega el derecho a informar en aquellos primeros países quienes promuevan en los segundos la limitación de ese derecho a sus conciudadanos.
Trayendo una última entrada de nuestro sitio, también de hace pocos días, en la que referíamos la creación de The Journalism Foundation, una organización sin ánimo de lucro para la defensa del buen periodismo, reproducimos la opinión de los creadores de esa fundación –y una de las razones para su creación– sobre los ataques que actualmente sufre el periodismo libre:
En las democracias maduras de Occidente, las presiones financieras a que se enfrentan todos los grupos de medios de comunicación han forzado dos cosas: una mayor consolidación de la propiedad de los medios de comunicación y un imperativo para reducir los costos. Como resultado, la presión sobre los periodistas para actuar dentro de los intereses comerciales de sus propietarios va en aumento, y el público puede encontrarse pronto con un periodismo que se ve comprometido por influencias políticas o de sus propietarios.
Ante esta perspectiva en el mundo de la información profesional, cuesta creer que –como argumentaba la FENAJ en su campaña– la regulación por los gobiernos del ejercicio del periodismo profesional sea algo en servicio y defensa de la ciudadanía. Muy al contrario, quizá suponga una señal de alerta que nos venga a indicar que el ejercicio del periodismo ciudadano ya no es sólo un derecho, sino también una necesidad, en esas democracias maduras de Occidente.
Fuente | Blog Periodismo en las Américas
