Todos recordamos la crisis nuclear a la que dio lugar el desastre natural que se producía en Fukushima hace algo más de dos años: recordábamos, de hecho, su segundo aniversario el pasado día 11 de marzo.
Son muchas las consecuencias de aquella catástrofe. La viabilidad de la energía nuclear se ha vuelto a cuestionar a nivel global. Las medidas de seguridad de este tipo de instalaciones se han cuestionado de nuevo, así como las medidas específicas que se han tomado en Japón.
En lo se refiere a este último aspecto, leíamos hace unos días cómo un informe de la Comisión Independiente para la Investigación del Accidente Nuclear de la Central de Daiichi, en Fukushima, destacaba, dentro de un capítulo dedicado a la gestión de riesgos y su comunicación, el papel relevante que han jugado los medios ciudadanos. El informe está solo disponible en japonés, habiendo trascendido solo un resumen en inglés de uno de los miembros de la comisión.
En el artículo, publicado por el Consejo Mundial de la Energía, se destaca el papel relevante que han jugado en la gestión de riesgos y en su comunicación unos pocos sitios web -como el de Hiroshi Ishikawa, antiguo ejecutivo del sector Telco-, o cuentas de Twitter, como la del profesor Ryugo Hayano, de la Universidad de Tokyo. Se trata de personas que han conseguido esquivar la «censura» implícita del gobierno japonés o que han ayudado a explicar a los afectados cuáles eran los riesgos reales para su salud.
El reconocimiento que se realiza en el citado informe no es gratuito. Los datos de opinión recolectados por el Instituto Nomura después del desastre decían que casi una tercera parte de la población había perdido confianza en la información facilitada por su gobierno (28,9%); mientras que un 13,4% de los encuestados decían confiar más en los medios sociales, frente a un 7,8% que decía confiar más en los medios oficiales.
La crisis de Fukushima ha sido estudiada en profundidad desde la óptica de la comunicación y las relaciones públicas por la profesora Majia Nadesan, de la Universidad del Estado de Arizona. Para esta investigadora existen evidencias de que los gobiernos, tanto de Japón como de EE. UU. ocultaron información vital para la ciudadanía acerca de los riesgos a los que se exponían tras el desastre; afirma, además, que los medios tradicionales de información, entre los que destaca conocidas cabeceras anglo-norteamericanas, fueron cómplices de esa ocultación.
Además aporta ejemplos en su investigación de cómo los medios ciudadanos «emergen» en este tipo de situaciones de crisis para evitar esa censura de facto y hacer llegar a la ciudadanía información accesible, fidedigna y contrastada acerca de los hechos y de sus consecuencias para la población afectada. Es el caso Radiation Defense Project o Fukushima Diary, así como muchos medios sociales en EE. UU. como Data Poke, con muchas referencias específicas al caso de Fukushima, Reactor Watchdog Project del NIRS, etc.
Esos elementos que señala esta académica no dejan de ser genéricos pero, además de la capacidad que tienen los medios ciudadanos para evitar ciertos obstáculos institucionales, por llamarlos de alguna forma, en el caso de la crisis nuclear de Fukushima resultaba de especial relevancia la implicación de científicos y personal investigador altamente cualificado que fuera capaz de hacer llegar a la población los riesgos reales habitualmente ocultos tras un lenguaje técnico intencionadamente abstruso y poco comprensible.
Por otro lado, hay que señalar el hecho de que este tipo de casos -y las lecciones aprendidas que de ellos se desprenden- deben servir fundamentalmente para mejorar los sistemas de gestión de crisis, consiguiendo que el papel de los medios ciudadanos forme parte de la comunicación de esas crisis evitando ese filtraje malintencionado de información relevante, sin socavar la necesaria eficacia, a nivel institucional, de tales sistemas.
