El debate alrededor de la necesidad de proteger el trabajo de bloggers y periodistas ciudadanos continúa despertando la polémica. En PC os venimos informando puntualmente del tema tal y como hicimos con los proyectos de ley conocidos como (H.R. 1962 y S.B. 987), en los que se intenta ofrecer una definición de quién puede considerarse periodista. Al igual que estos proyectos de ley, los intentos de aprobar una ley escudo que proteja el trabajo de este tipo de informadores no está cosechando éxitos.
Popular Resistance, al igual que otros medios, destaca la enmienda realizada a la ley de protección de medios de la senadora de California Diane Feinstein, en la que señala que periodistas ciudadanos y bloggers no serían objeto de protección. Esta propuesta de ley esta siendo considerada por el Congreso. Según Feinstein sólo los periodistas asalariados deben contar con protección legal por lo que dicen o escriben.
El lenguaje empleado en dicha propuesta vuelve a dejar de lado otras formas no tradicionales de periodismo que han proliferado en los últimos años gracias a Internet, como es el caso de los bloggers y periodistas ciudadanos. Ya a principios de agosto Feinstein se opuso a incluir en la protección de estas leyes escudo a estos informadores, amparándose en quién puede considerarse un periodista real o «real reporter».
Tal y como señala The Global Dispatch, Feinstein expresó su preocupación por los supuestos «privilegios» que esta ley otorgaría a «las personas que no son realmente periodistas, que no tienen cualificación profesional». Frente a la propuesta de Feinstein el senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, señalaba la necesidad de incluir a otro tipo de informadores en esta ley de medios para luchar contra la corrupción gubernamental. Según Schumer:
«Hay personas que escriben y hacen verdadero periodismo, de diferentes formas a las que estamos acostumbrados. Ellos no deben ser excluidos de este proyecto de ley «.
En cualquier caso, la aprobación de esta ley de medios está resultando complicada ya que esta es la tercera vez que el Congreso ha tratado de elaborar una ley escudo federal. El objetivo sería el establecimiento de normas relativas al trabajo de los periodistas o relacionadas con lo que puede considerarse un «acto de periodismo». Esta ley trata de proteger el trabajo y la confidencialidad de las fuentes empleadas para el libre ejercicio de esta profesión.
En la actualidad el debate parece haberse distorsionado alrededor de tecnicismos y en lugar de debatir qué puede considerarse periodismo se ha centrado en la definición de quién puede considerarse periodista, sin pensar que el fin último es la calidad de la información que se ofrece a los lectores.
Este debate cobra una importancia especial tras los acontecimientos derivados de la primavera árabe, y del recrudecimiento de los ataques en Egipto y especialmente en Siria, en donde el periodismo ciudadano cobra un papel fundamentel dada la situación de especial hermetismo y represión del gobierno de Bashar al-Assad. Según cifras de RSF desde 2011 se han producido 65 muertes de periodistas ciudadanos en este país: cuatro en 2011, 46 en 2012 y 15 (hasta ahora) en 2013.
En una audiencia celebrada en el Congreso recientemente, Feinstein destaca que las leyes de protección deben aplicarse únicamente a «los periodistas reales».
La enmienda presentada por Feinstein extendería la protección de esta ley escudo a los que trabajan como «empleados asalariados, trabajadores independientes, o miembros de una entidad que difunde noticias o información», incluyendo en este grupo a los estudiantes que trabajan para agencias de noticias.
Frente a este situación, destacan casos como el de Crystal Cox, quien se define a sí misma como una «blogger de investigación» de Seattle. Cox se convirtió en ejemplo de la necesidad de protección de este tipo de informadores que pueden ser de gran utilidad en la lucha contra la corrupción, al denunciar un caso de negligencia financiera de un importante banco de inversión, tras el que tuvo que hacer frente a una demanda por difamación. Cox argumentó ante el tribunal que debería contar con la protección de las leyes de Oregon, pero un juez descubrió que no contaba con esta protección porque no podía considerarse como parte de los medios de comunicación tradicionales. Como resultado, Cox tuvo que indemnizar con 2,5 millones de dólares a la empresa de inversión.
Bloggers, periodistas ciudadanos y usuarios de medios sociales, han sido considerados dignos de esta protección por la legislación federal de Australia, en 2011, ampliando la cobertura de estas leyes, pero sólo para los bloggers y tweeters “comprometidos y activos en la publicación de noticias“.
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