Hace unos días escribíamos aquí sobre la orden de un juez federal estadounidense por la que el dominio Wikileaks.org quedaba inutilizado y los contenidos de esa web inaccesibles para los internautas.
O eso, se puede suponer, es lo que el juez y el demandante, el banco Julius Baer, debieron pensar que sucedería. La realidad fue otra. Los mirrors de Wikileaks se multiplicaron y los documentos que sugerían la implicación de ese banco en operaciones ilegales y que motivaron su demanda han podido seguir siendo consultados en la Red, aún con mayor difusión a causa de la publicidad del caso generada tras la resolución judicial.
Paralelamente a ese fenómeno, las críticas hacia esa resolución también empezaron a surgir en Estados Unidos, acusándola de censora y contraria a las leyes. La American Civil Liberties Union y la Electronic Frontier Foundation presentaron una moción en protesta por la censura ejercida, y el Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP), reuniendo una coalición de medios entre los que estaban casi todos los grandes grupos de comunicación estadounidenses y otras organizaciones como el Citizen Media Law Project, elaboró un informe que presentó en el juzgado en defensa de Wikileaks.
Dicho informe, de 33 páginas, argumentaba la inconstitucionalidad de la medida dictada por el juez. Y éste, ante esa bien fundamentada oposición de la prensa casi en pleno, decidió reconsiderar su primera decisión y ordenar el restablecimiento del dominio.
Wikileaks, que en formato de wiki se dedica a la publicación de documentos secretos (”leaks”) que desvelen comportamientos no éticos por parte de gobiernos y empresas, manteniendo a sus autores en el anonimato, centra principalmente su atención en los países con regímenes totalitarios, donde ese anonimato es imprescindible para la denuncia de esos comportamientos. Pero tampoco desprecian documentos de denuncia referidos a países libres y democráticos, como en el caso que motivó esa resolución ahora revocada.
Vía | The Inquirer
