Mucho se está hablando últimamente sobre SOPA (Stop Online Piracy Act) y Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011), dos proyectos de ley que se debaten en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, respectivamente, y que se encuadran en lo que podemos denominar globalmente leyes antipiratería.

Estas leyes se proponen con el pretexto de defender los derechos de propiedad intelectual, y se articulan en regulaciones que, según quienes se oponen a ellas, afectan a la libertad en la Red y a derechos fundamentales como la libertad de expresión, hasta el punto de constituir, de acuerdo con muchas opiniones, un nuevo sistema de censura.

Además de Estados Unidos, no son pocos los países cuyos gobiernos desean regular Internet. En España, el espíritu de la llamada Ley Sinde –denominada así por la ministra del anterior gobierno que la impulsó, Ángeles Gónzález-Sinde– ha sido retomado por el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. El resultado de esa continuidad entrará en vigor en marzo próximo, y ya es popularmente conocido como la Ley Sinde-Wert.

Buena parte de la Red española, lógicamente, está ya en pie de guerra, y el “Manual de desobediencia a la ley Sinde” vuelve a cobrar actualidad.

Pero, ¿afecta esta legislación en algo al periodismo? Puede hacerlo. Desde el momento en que una comisión administrativa –y no un juez– sea la encargada de decidir qué contenidos vulneran el copyright y qué webs se deben cerrar, todo es posible. Así opinan en Nación Red:

Periódicos y medios de prensa también pueden caer en el saco de la Ley Sinde-Wert. Escribir usando material de documentación, publicar una noticia sobre tal o cual empresa y escribir su nombre o ilustrar la noticia con su logotipo, puede incurrir en delito de infracción de copyright y llevar al cierre del medio en cuestión. “Oiga, ¿pero no existe el derecho de cita?” A partir del 1 de Marzo, puede que sí, o puede que no. Dependerá del estado de ánimo del ‘titular de derechos’.

En el caso estadounidense, con el que comienza este artículo, muchos periodistas parecen tener claros esos riesgos. En una carta a los miembros de su asociación, Christine Montgomery, presidenta de la Online News Association (ONA), explica por qué se oponen a SOPA. Sin ocultar su acuerdo con las medidas que se encaminen a frenar las violaciones de derechos de autor, Montgomery opina que estas legislaciones –SOPA y Protect IP Act– son un grave error:

Tal como está redactada, SOPA permitiría al Departamento de Justicia de EE.UU. cerrar de hecho sitios web extranjeros, incluidos las pertenecientes a empresas de EE.UU. (por ejemplo, ebay.fr, google.uk y amazon.au), acusados de infringir o permitir la violación de los derechos de autor. Y el cierre no es sólo para la página en que se encuentre la presunta infracción. Todo el sitio podría ser clausurado.

La carta alude también, entre otras reflexiones, a un aspecto directamente relacionado con el periodismo ciudadano, los contenidos generados por los usuarios:

[...] creemos que SOPA tendrá con total seguridad un efecto negativo en uno de los acontecimientos culturales más profundos de la web: el crecimiento de los medios sociales y los contenidos generados por los usuarios.

Cualquier sitio web que reciba contenido generado por los usuarios podría estar bajo constante riesgo por insuficiente confirmación de que ese contenido no infringe la ley ni ofrece información sobre cómo eludir los bloqueos. Un fallo en ese control podría poner todo el sitio en peligro de ser sancionado por SOPA.

Un artículo de Tracie Powell en Poynter –“What journalists need to know about SOPA”– trata también esa relación de la legislación antipiratería con el periodismo.

El artículo nos recuerda que, ya antes que ONA pero con similares argumentos, la American Society of News Editors (ASNE) se pronunció en contra de SOPA, diciendo que esa ley dificultaría “la agregación libre de contenido que se ha convertido en parte central del periodismo digital”.

Para James Losey, analista político de New America Foundation, esa legislación representa un poder que periodistas y medios no desean, con “demasiado control sobre qué información fluye en la Red”. Opina Losey:

Creo que lo que estamos viendo es una llamada de atención para mucha gente, especialmente a aquellos que no suelen prestar atención a la legislación de derechos de autor. Esto no es un debate de derechos de autor más. Esta legislación lleva directamente a la manipulación de cómo la gente usa Internet cada día. A la forma en que mediamos con nuestro gobierno y nos relacionamos con nuestras noticias… Si se comienza a alterar la interacción básica con Internet y a socavar la libertad de expresión, en realidad se están manipulando todos los aspectos de la vida online, incluyendo el acceso a la información.

Aún más allá llega Rebecca MacKinnon, en entrevista con Bloomberg:

El problema es: ¿quién decide lo que es una infracción de copyright? Si se establece un sistema de listas negras de sitios web a nivel nacional se está instalando básicamente un mecanismo de censura que es casi idéntico, técnicamente, al que los chinos utilizan para censurar su Internet, al que usan los iraníes, etc.

También 10,000 Words se ocupaba el pasado noviembre de este asunto, citando tres aspectos en los que esta legislación puede afectar a periodistas y medios:

1. Sus artículos pueden ser censurados
   Digamos que usted está escribiendo un artículo, y alguna de las páginas web o citas a que desea hacer referencia proviene de un sitio que ha sido acusado de piratería. Incluso si su artículo no incluye nada que pueda considerarse como infracción de copyright, si enlaza a una fuente infractora –una fuente tan inocua como un vídeo de YouTube o un post de Tumblr– su artículo completo puede ser bloqueado a través de Internet en los EE.UU.
2. El periodismo multimedia y el periodismo ciudadano sufrirían
   ¿Quieres subir un vídeo de las protestas de Wall Street a YouTube? ¿O tal vez subir una entrevista de audio con Soundcloud? Si SOPA se aprueba, estos sitios son enteramente responsables de las acciones de sus usuarios. Eso significa que si un solo usuario publica contenido considerado ilegal por SOPA, todo el sitio web puede ser bloqueado. Las plataformas que forman parte integral del periodismo ciudadano y el periodismo multimedia pueden dejar de existir.
3. La innovación sería asfixiada
   Uno de los aspectos más emocionantes de ser un periodista en esta época es que tenemos acceso constante a increíbles herramientas digitales que nos pueden ayudar a contar mejores historias. Proyectos como Guardian Beta examinan con frecuencia nuevas startups para ver cuáles funcionan y cuáles no, y tratan de averiguar cómo se pueden incorporar las nuevas tecnologías en sus sitios web. Si SOPA se aprueba, los riesgos legales de fundar una empresa online aumentarían en gran medida, desincentivando la innovación y la creatividad.

Y ya por último, en este repaso a algunas de las opiniones sobre el impacto de las leyes antipiratería en el periodismo, Amy Gahran, en un artículo en el blog News Leadership 3.0 del Knight Digital Media Center –“SOPA: Could this proposed IP law chill news innovation?”– trata entre otras vertientes del problema, citando a Alexander Howard del HuffPost, la situación particular a que se podrían enfrentar los medios más humildes:

Imagine que usted es un medio pequeño. Alguien publica contenido infractor en su sitio web o sus perfiles sociales y no tiene recursos para monitorear todas esas páginas o todas las contribuciones. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Pediría consejo al Citizen Media Law Project? ¿O simplemente optaría por evitar el crowdsourcing y los medios sociales porque sus abogados dicen que el riesgo de chocar con SOPA es demasiado grande?

Este es un problema no sólo para los medios ya establecidos, sino también para los proyectos periodísticos que estén por llegar. SOPA podría tener un enorme efecto negativo sobre la innovación periodística.

Imagen | Flickr de Christopher Dombres